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COLUMNAS DE OPINIÓN

Preguntas en torno a la reforma a la Educación Superior

Por: María Paz Arzola,
Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo

Tras una complicada tramitación, finalmente este 2016 el Estado comenzará a financiar la gratuidad universitaria para los alumnos de los 5 primeros deciles que estudien una carrera de pregrado en alguna de las 30 universidades suscritas a este beneficio. Esta iniciativa –que consideramos inadecuada para resolver la inequidad en el acceso a la educación superior- tuvo una serie de problemas antes de ver la luz.

El primero, la falta de consenso en la decisión de avanzar en una iniciativa como ésta a través de la Ley de Presupuestos. No sólo porque se estuviesen comprometiendo recursos más allá del año 2016, sino también por la celeridad y poca profundidad con que se aborda una materia que sentaría las bases para la futura reforma al sistema de educación superior.

Un segundo problema que enfrentó la tramitación de esta iniciativa, fue el fallo adverso del Tribunal Constitucional, que rechazó los criterios de elegibilidad establecidos para la entrega del beneficio, por considerarlos discriminatorios y asimétricos para alumnos de distintas instituciones. De esta forma, el Gobierno envió una ley de última hora, que si bien no corrigió la discriminación arbitraria, fue de todas formas aprobada en el Parlamento.

Luego, con la entrega de los resultados de la PSU, ocurrió un tercer problema, esta vez en relación a la acreditación de antecedentes socioeconómicos para la selección de los beneficiarios de la gratuidad. Hoy se cuentan 30 mil alumnos de primer año aceptados para recibir el beneficio, sin embargo, esta cifra está muy por debajo de los más de 80 mil estudiantes provenientes de los 5 primeros deciles que el año 2015 fueron beneficiarios –en su primer año-, de alguna beca en las universidades del CRUCh (que corresponden a 25 de las 30 en las cuales se podrá disponer del beneficio). Así, ha quedado de manifiesto, por un lado, la precariedad en los mecanismos de recolección de información, fundamentales a la hora de dirigir este tipo de ayudas estudiantiles, pero también la poca efectividad que podría haber tenido la gratuidad en aumentar el acceso a la educación superior de jóvenes de bajos ingresos.

Pues bien, éste es sólo el comienzo: el Gobierno anunció que durante los próximos meses ingresará un proyecto de reforma integral al sistema de educación superior. Y a falta de un diagnóstico claro y consensuado, hay una serie de preguntas que es necesario resolver, muchas de las cuales no se limitan al potencial impacto en programas de pregrado, sino también de posgrado.

El escenario esperado según lo que el Gobierno ha anticipado, sería uno de acreditación obligatoria otorgada exclusivamente por la Comisión Nacional de Acreditación, y en que el Estado monopolice el financiamiento de las instituciones que acepten las exigencias de un nuevo sistema, pero no entregue apoyo alguno a instituciones –ni alumnos- fuera de éste.

¿Regirá la exigencia de acreditación también para los programas de posgrado? ¿Habrá espacio para la acreditación de agencias extranjeras? ¿Cómo conciliará esto con la posibilidad de optar a recursos públicos? ¿Podrán los alumnos de posgrado disponer de alguna ayuda financiera del Estado? ¿Habrá algún espacio de libertad para el progreso de este sector en tanto deba someterse a más y más exigencias por parte del Estado?

Aquí sólo he expuesto algunas interrogantes, pero hay muchas más. Todas ellas debieran discutirse y ser abordadas antes de ingresar una reforma de la envergadura que se ha propuesto el Gobierno, pues las consecuencias que ésta podría llegar a tener, son mucho más amplias de lo que hasta ahora se ha pensado.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS